Por Michelle Aanderud
México cuenta con un patrimonio material e inmaterial sumamente valioso para el entendimiento de nuestra cultura. Desde hace casi un siglo, el Estado mexicano tuvo la necesidad de otorgar control de acervos, colecciones e investigaciones a distintas instancias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resultó siendo el responsable de las colecciones e investigaciones de carácter prehispánico desde 1939, con la creación del Instituto bajo la orden del presidente Lázaro Cárdenas. La separación de bienes patrimoniales realizada por el Estado tiene como raíz la necesidad de salvaguardar el legado nacional dentro del territorio, evitando el tráfico y la apropiación histórica de nuestros bienes por parte de extranjeros.
Antes de la creación de las instituciones en México muchos exploradores visitaron el territorio nacional buscando vestigios de las civilizaciones mesoamericanas, algunos tomando las piezas arqueológicas encontradas y trasladándolas a otros países. Estas exploraciones fueron muy relevantes para el conocimiento de nuestro pasado prehispánico, pero en el siglo veinte, el gobierno mexicano se percató del robo y se vio en la necesidad de proteger el patrimonio por medio de leyes e instituciones. Al inicio, esto trajo un orden y un control sobre los hallazgos. En 1972 se creó una ley que exigía que toda pieza arqueológica fuera registrada y se declaraba que cualquier vestigio de carácter histórico pertenecía al Estado mexicano y a ningún particular.
Fue evidente que estas nuevas reglas beneficiaron a la investigación nacional, además de brindar estatus a disciplinas como la arqueología. Toda esta creación, cuyo objetivo fue la de salvaguardar los bienes nacionales, trajo grandes beneficios durante varias décadas. Hoy en día, nos encontramos en una situación en la cual la apropiación arqueológica por parte del INAH sobre las investigaciones deja de fuera a muchos investigadores de otras instituciones, disciplinas e incluso países.
Esta pertenencia de los bienes por parte del INAH radica en un celo que ha ido creciendo dentro de la institución, también trayendo consigo malas prácticas de restauración, egoísmo en cuanto a la información e incluso ideas erróneas de posesión del patrimonio. Las malas prácticas de restauración se pueden ver en sitios como Teotihuacán y Chichén Itzá, las cuales han repercutido en la tergiversación de la historia. También, la idea de pertenencia del patrimonio inhibe el desarrollo de nuevas investigaciones por la falta de flujo de la información ya obtenida, así como el estudio de materiales de bodega, tan restringido para los nuevos investigadores.
Hoy en día es necesaria la renovación de los papeles otorgados, de las reglas internas del INAH, así como una comunicación con los actores principales para que lo primordial siempre sea salvaguardar el patrimonio de la nación, la investigación de éste, así como su correcta difusión. Todo esto con el objetivo de promover el avance en cuanto al conocimiento histórico, proteger al patrimonio de malas prácticas, diversificar la investigación y tener una mejor comprensión del presente, por medio del pasado. Si durante el siglo XX la institucionalización del patrimonio nacional fue muy funcional y próspera, con la creación de una nueva Ley de Cultura se esperaría que la situación priorizara el beneficio del patrimonio nacional.
OBSERVATORIO DE ARTE Y CULTURA 