El Observatorio de Arte y Cultura expresa públicamente su preocupación en torno a la problemática que atañe a los trabajadores contratados por honorarios en los diversos órganos culturales del país. Para este momento los afectados, los medios de comunicación y las propias instituciones han dejado de hablar del tema, después de que en redes sociales hace poco, bajo el uso de #YaPágameINBA, se denunciaba el retraso de pago de varios trabajadores. Sin embargo, para el Observatorio resulta importante visualizar las problemáticas, el impacto y las implicaciones que este tipo de situaciones tienen a nivel civil, cultural, político y social.
Recientemente trabajadores, denominados como “Capítulo 3000” del INBA e INAH, órganos desconcentrados de la Secretaría de Cultura en México, comenzaron a manifestarse tanto física como virtualmente, transparentando la falta de pagos y la carencia de prestaciones laborales por realizar este tipo de trabajos, dejando ver que la precarización de la cultura no sólo ha implicado en las últimas administraciones un recorte de recursos, sino también condiciones indignas de trabajo para algunos colaboradores, promotores, gestores, entre otros perfiles.
Los trabajadores culturales en organismos públicos difícilmente pueden acceder a una plaza con prestaciones de ley, lo que los orilla a aceptar trabajos temporales donde normalmente tienen que cumplir con horarios completos, trabajar horas extras sin remuneración y recibir sus pagos extemporáneos; también quedan exentos de recibir seguridad social laboral y aspirar a una pensión. Pero este problema no sólo radica en la depreciación del trabajo de los profesionistas y una merma en su calidad de vida, sino que apunta a dos aristas:
Por un lado, en un problema de ciudadanía ya que los impuestos de los habitantes del país no se están reflejando en trabajos con prestaciones completas y sueldos que cubran las necesidades de cada persona. Esta preocupante situación no sólo ocurre en el sector cultural; por ejemplo, en algunas instituciones dedicadas a la seguridad del país, sus trabajadores tampoco tienen prestaciones. Esto da pie a actos de corrupción por parte de algunos empleados, que viven en situaciones precarias. No se justifica la corrupción por ello, más bien queremos señalar cómo una condición de trabajo deviene en varias consecuencias que nos atañen como ciudadanía.
El Estado elimina prestaciones y derechos a los trabajadores, vulnerando el propio estado de derecho, además de no cumplir con el ejercicio de un presupuesto que se forma con los impuestos que pagamos. Pero peor aún, se construyen figuras ficticias, convirtiéndolos en prestadores de servicios, evitando así, cualquier tipo de relación y antigüedad laboral. Cabe señalar que “prestador de servicios” significa ser básicamente un proveedor. Un proveedor sin prestaciones que cubre un horario completo y riesgos de trabajo, por ejemplo, en un museo. Si hemos explicado que la precarización en algunos casos deviene en corrupción, en el sector cultura vale preguntarse, ¿qué consecuencias tiene para el trabajo cultural de un país, pauperizar las condiciones de trabajo de sus empleados?
“Trabajar por amor al Arte” no es una salida viable para los profesionistas de la cultura. Es necesario que deje de degradarse la labor de todos aquellos trabajadores y que se deje de normalizar estas prácticas como, por ejemplo, la constante contratación de empresas de outsorcing. Para ello, nosotros, como trabajadores de la cultura y las artes, insistimos en que se utilicen bien los impuestos, que se den trabajos reales con prestaciones y que permitan el respeto a la dignidad que los profesionistas merecen.
Sabemos que esto es un proceso y que lleva tiempo resolver las problemáticas. Sin embargo, es necesario que las autoridades analicen en qué grado aquellos “prestadores de servicios” son directamente responsables de las actividades diarias de las instituciones culturales, de qué forma se podrían mejorar y beneficiar las ofertas culturales si se contara con mejores condiciones laborales y prestaciones de ley. Lo inmediato es resolver lineamiento para definir prioridades de pago (por qué ciertos museos reciben pago antes que otros, por ejemplo), y qué sanciones se establecerán para directivos que no cumplan con pagos en tiempo y forma.
La segunda arista a la que apuntan estas condiciones de trabajo, es una que tiene impacto a mediano plazo, y que nos preocupa como red de investigación. Precarizar las condiciones de trabajo de un sector denota el interés que tiene el Estado en materia de cultura. Antes de anunciar en informes de trabajo el número de exposiciones o de visitantes como resultados alcanzados, lo que demanda el contexto en México es anunciar los avances que hay en una forma de trabajo, que desde luego incluya condiciones dignas para sus empleados, además de estrategias planeadas bajo diagnósticos, para poder palpar logros a mediano y largo plazo.
Si esto sucediera, no sólo se reconocería la cultura como aquello que tiene impacto a nivel social y político, sino que además se podría tener una incidencia mayor y se beneficiaría sustantivamente a las comunidades culturales en México.
Atentamente,
Observatorio de Arte y Cultura
OBSERVATORIO DE ARTE Y CULTURA 