Por Giannella Ysasi
La cultura posee una complejísima definición epistemológica y práctica. Asimismo, la variedad de actores y la multiplicidad de formas y medios que adopta, de carácter mundial y local, hacen de este campo de estudio y de trabajo uno sumamente difícil de acotar. Inevitablemente, esta complejidad implica una empresa ardua cuando se trata de regularla, y por tanto legislarla. La política cultural tiene un campo de acción muy amplio y sumamente complejo. En específico, cuando nos referimos a la trayectoria y actual legislación cultural en México, todavía hay mucho que hacer en aras de terminar con los vacíos y las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace.
Para iniciar mi participación en este Observatorio de Arte y Cultura, me gustaría presentar en este texto una breve mirada hacia atrás, ¿de dónde viene la Secretaría de Cultura y la actual Ley General de Cultura y Derechos Culturales? Es importante conocer y reflexionar sobre los aciertos y faltas de este proyecto nacional, pero sobre todo es imperativo reflexionar sobre su situación actual y pensar en las implicaciones que tiene para su desempeño futuro.
Las primeras políticas culturales de México surgen a la par de la política educativa, ambas con el fin de construir una identidad nacional. El papel de José Vasconcelos para la instauración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es esencial para entender la acción cultural del gobierno mexicano hasta nuestros días. Esto se debe a varias razones: por un lado, entender el papel que adopta el Estado como promotor y patrón de las artes y la cultura; por otro, la subordinación del sector cultura a otras dependencias. Con la Constitución de 1917 se emprendió un proyecto nacional de educación, de impulso económico y de modernización del país. Asimismo, México se situaba en un contexto mundial que buscaba reestructurarse después de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones mexicana y soviética: “Durante las décadas de 1920 y 1930 […] una nueva ola de política cultural se apoderó de Occidente. Estaba en la agenda la reconstrucción y creación de un ‘nuevo hombre’”[1].
El “milagro mexicano” de la década de 1950 trajo consigo un incipiente y prometedor mercado de arte, así como el impulso de exposiciones organizadas por el gobierno y también por empresas extranjeras (con especial interés de Estados Unidos). Sin embargo, la promesa duró poco y “hacia la década de los 1960, la influencia de la cultura masiva en la esfera política e intelectual ocasionó una crisis en todos los niveles, incluidas las artes superiores”[2].
No obstante, pareciera que desde entonces el reto que han presentado la globalización y las nuevas tecnologías no se ha resuelto con las políticas culturales actuales. Un ejemplo de ello versa sobre los derechos de propiedad intelectual, un tema primordial si pensamos en el protagonismo que han adquirido los medios masivos de difusión y consumo, que sin embargo sigue ignorándose en la Ley recientemente aprobada. Pues luego de su revisión, además de eliminar el apartado referente al presupuesto (un tema que por si mismo da para un amplio análisis), también a partir de la misma se omitió las referencias a la Ley de Derechos de Autor o la Ley de Propiedad Intelectual[3].
Regresando al recuento histórico, en la segunda mitad del siglo XX los gobiernos alrededor del mundo empezaron a reconocer la necesidad de una instancia autónoma dedicada a la cultura, que además iría de la mano del desarrollo estatal. La historia de la política cultural emprendida por los mexicanos tuvo un desarrollo paralelo en otros países latinoamericanos. Las nuevas instituciones culturales se establecieron sobre todo como complemento de la modernización económica, en México fueron el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939 y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946.
En 1959 Francia fue el primer país en crear un ministerio de cultura exprofeso para dichos temas[4] (en México la instauración de una dependencia cultural autónoma se consolidó en 2015). No obstante, fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se creó el precursor inmediato a la actual Secretaría de Cultura: en 1989 se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) como órgano rector de la cultura y también se instauró el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) “como instrumento de promoción de la creación artística pero también de legitimación del régimen”.[5] Para Salinas la cultura sería una línea central de acción gubernamental y CONACULTA fue la prueba más evidente. Mientras tanto, el FONCA serviría como institución bisagra entre el gobierno, el sector privado y la comunidad cultural[6]. La herencia y el camino que dejaron estas instituciones fueron y siguen siendo el eje de acción gubernamental para crear una política de Estado en el ámbito cultural.
Además de la situación local, en los años ochenta México también se integró al debate global en la materia. En 1982 el país fue sede de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de la UNESCO. Fue entonces que el Estado asumió oficialmente el garante del patrimonio histórico cultural y las tareas de promoción de la cultura mexicana.
El Artículo 4to de nuestra Constitución es el decreto que sin duda deja en claro el derecho al acceso de los bienes y servicios culturales. Sin embargo, siempre parecía urgente la tarea y la necesidad de generar una Ley General de Cultura, pues sin ella ésta solo se regía por las leyes y regulaciones institucionales relacionadas directa o indirectamente al sector[7].
Aun así, pareciera que la urgencia se extendió más de lo esperado. Un artículo de Carlos Lara G., publicado en El Universal el 16 de abril de 2016, provee un breve recuento de las iniciativas de ley que se han presentado en los últimos 15 años: en 2004 se presento el proyecto de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura conocido como “Ley Sari” compuesto por 41 artículos; en 2005 el proyecto de Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural (48 artículos); un año más tarde la Ley General de Cultura (32 artículos); en 2008 un proyecto inacabado de Ley General de Cultura del CONACULTA (70 artículos); en 2012 otra propuesta de Ley General de Cultura con 30 artículos, que un año después se volvería a presentar con 41 artículos; en 2016 se presentaron dos proyectos de Ley General de Cultura en el Senado de la República, el primero por la senadora Angélica de la Peña (75 artículos) y el segundo por el senador Rabidranath Salazar (25 artículos). [8]
Finalmente, en abril de este año se aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con cinco Títulos, 42 Artículos y seis artículos transitorios. Al concluir la aprobación del dictamen el senador Gerardo Sánchez dijo: “…creemos que es una oportunidad histórica presentar a la comunidad cultural un proyecto que nos permita edificar una política pública y, en consecuencia, podamos contribuir con una demanda y una exigencia que durante tanto tiempo se ha hecho” [9] (las itálicas se incluyen por la autora del artículo).
El especialista en temas culturales Calos Villaseñor cuestionó la posibilidad de lograr que con esta Ley los derechos culturales se conviertan en un eje transversal de desarrollo sostenible; asimismo duda de sus posibilidades para hacer de los derechos culturales un piedra angular de la reforma integral del sector cultural [10].
Escuchamos y hacemos alarde de la diversidad y pluralidad cultural del país, así como de su riqueza natural y su cantidad de zonas arqueológicas, el número de museos que alberga la Ciudad de México, la variedad de lenguas que se hablan en todo el territorio mexicano, y podría continuar con todos aquellos números que se encargan de engrandecer y también camuflajear una situación que requiere de atención, trabajo y resultados trascendentes a los esfuerzos sexenales. Es imperativo reconocer lo que apunta Fabiola Rodríguez Barba en su texto Por una política cultural de Estado en México:
El espacio de definición de las políticas culturales es frecuentemente escenario de tensiones y sobre todo de la incapacidad del Estado mexicano de hacer frente a dicha problemática a través de una reestructuración sustancial […] Existe y persiste un clima de incertidumbre, insatisfacción y sobre todo falta de coherencia entre el discurso y la práctica de los responsables de la definición de la política cultural mexicana…[11]
El debate y el descontento que expresaron algunos actores culturales a partir de la aprobación de la Ley este año, no hace más que afirmar la postura de Rodríguez Barba. La diferencia entre lo que se dice y lo que se hace parece solo afectar a los auténticos actores del sector.
Si nos regresamos una vez más en la historia, las intenciones políticas de Salinas de Gortari con la instauración de CONACULTA y FONCA traían consigo la tarea explicita e implícita de un intento por establecer una política de reconciliación nacional. ¿No necesitamos esto ahora más que nunca?
Evidentemente los principios e ideas de los inicios de nuestras políticas culturales ya no responden a las necesidades actuales, pero sin duda la necesidad de una reconciliación nacional es urgente. La cultura es un sector transversal que puede generar crecimiento, desarrollo y sobre todo bienestar social. Frecuentemente depreciado y excluido de las agendas políticas, la cultura pierde su particularidad y auténtica fortaleza como sector. La cultura es complementaria de otros sectores, así como las industrias creativas y culturales poseen un importante potencial económico. El economista Ernesto Piedras se ha dedicado a generar un campo de estudio de la economía cultural. Algunas de las cifras que comparte son que la cultura y la creatividad contribuyen entre el 6.7 y 7.3% al Producto Interno Bruto del país y genera empleo para aproximadamente el 3.6% de la Población Económicamente Activa[12].
La falta de visión de las altas esferas políticas han condenado a la cultura a un segundo plano, las posibilidades socioeconómicas del sector han sido ignoradas, las posibilidades de crecimiento y desarrollo en diferentes ámbitos han sido mermadas. Pero en este sentido, es importante ver a la recién fundada Secretaría de Cultura como un proyecto de nación inserto en un mundo globalizado, que a pesar de buscar una reconciliación nacional también debe ser capaz de responder a un sinnúmero de situaciones dinámicas en un mundo altamente comunicado y cambiante, así como a una exhaustiva gama de actores que conforman el sistema (artistas, gestores, creadores, medios de difusión, trabajadores, públicos, entre otros).
El proceso de consolidación de la Secretaría de Cultura necesita redimensionar conceptualmente las políticas culturales que genere, dejar atrás las concepciones decimonónicas y modernas que solo incluían al patrimonio, la lectura y el arte en búsqueda de una identidad nacionalista imposible de perpetuar en el mundo globalizado de hoy. El contexto mundial, el desarrollo local, la revolución tecnológica, entre otros múltiples factores, nos obligan a replantear la relación del Estado con la cultura, y de éstos con el mercado, la educación, la economía y los medios de comunicación. Se requiere de políticas culturales orientadas hacia la sostenibilidad, capaces de permanecer pero también lo suficientemente flexibles para transformase y responder a múltiples contextos y realidades que las necesitan.
Me gustaría concluir con esta idea: las políticas culturales reflejan como la política define la cultura, pero también define el valor que se atribuye a los bienes culturales y las artes para la esfera pública [13]. En este sentido, la responsabilidad de la nueva Secretaría de Cultura y la Ley General de Cultura no solo recae en términos legales y jurídicos, sino en una construcción simbólica de la cultura y las artes que se refleja en lo social, y que últimamente definirá cómo se viven y se piensan.
NOTAS
1 Miller, Toby; y George Yúdice. “Las culturas planificadas y lo poscolonial”, en Política cultural, Barcelona: Editorial Gedisa, 2004, p. 177.
2 Miller, Toby; y George Yúdice. “Las culturas planificadas y lo poscolonial”, p. 179.
3 Piñon, Alida, y Abida Ventura. “Senado aprueba Ley General de Cultura”, en El Universal, 27 de abril de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/04/27/senado-aprueba-ley-general-de-cultura
4 Ejea Medoza, Tomás. “La política cultural de México en los últimos años”, en Casa del tiempo, V núm. 5, p. 5, [en línea: http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/05_iv_mar_2008/casa_del_tiempo_eIV_num05-06_02_07.pdf%5D
5 Ejea Medoza, Tomás. “La política cultural de México en los últimos años”.
6 Miller, Toby; y George Yúdice. “Las culturas planificadas y lo poscolonial”, p. 180.
7 Las principales disposiciones jurídicas relacionadas con la cultura y las artes son: Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ley Federal de Derechos de Autor, Ley General de Educación, Ley General de Bibliotecas, Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
8 Lara, Carlos. “La ley General de Cultura”, en El Universal, 16 de abril de 2016, http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/carlos-lara-g/cultura/2016/04/16/la-ley-general-de-cultura
9 Piñon, Alida, y Abida Ventura. “Senado aprueba Ley General de Cultura”, en El Universal, 27 de abril de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/04/27/senado-aprueba-ley-general-de-cultura
10 Piñon, Alida. “Aprobarán una Ley General de Cultura limitada: especialistas”, en El Universal, 26 de abril de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/04/26/aprobaran-una-ley-general-de-cultura-limitada-especialistas
11 Rodríguez Barba, Fabiola. “Por una política cultural de Estado en México”, en Casa del Tiempo, V núm. 9 [en línea: http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/09_iv_jul_2008/casa_del_tiempo_eIV_num09_16_20.pdf%5D
12 Piedras, Ernesto. “La Cultura, el sector económico más importante”, en Políticas Culturales, [http://politicasculturales.com.mx/2014/cultura.html]
13 Singh, J.P. (ed.)“Cultural Policy and the Political Nature of Culture”, en International Cultural Policies and Power, Nueva York: Palgrave Macmillan, 2010, p. 26.
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